Sigue violación de DDHH en la zona de Oriente
Andrea Aldana
El informe sobre la Situación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Oriente Antioqueño, Año 2008, ayer se presentó en el Museo de Antioquia. Durante su exposición, se evidenció que esta subregión aún presenta violaciones contra su población. Luz Dary Valencia, miembro de la Asociación de Víctimas del Oriente Antioqueño dijo que “para las victimas del Oriente, es claro que aún no estamos en post conflicto, seguimos en conflicto” y agregó que “el tejido social hoy está deteriorado y es muy difícil volver a reestructurarlo, sobre todo cuando el tema de la confianza en nuestros municipios es tan difícil.
Cómo tener confianza cuando aún vemos estructuras de grupos armados caminando en nuestras comunidades”.
La investigación, que estuvo a cargo de la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del oriente Antioqueño, demostró que las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, las minas antipersonales, entre otros, aún se presentan en esta subregión, aunque algunos han disminuido, como el secuestro, que para el 2008 no registró ningún caso.
El desplazamiento forzado también disminuyó, pero la cifra sigue siendo alarmante, para el 2008 se registraron 2.609 casos, casi la mitad de los 4.496 registrados en el 2007. El periodo 2005-2008 presenta un total de 24.694 casos, con los picos más altos en los años 2005 y 2006, el primero con 9.595 y el segundo con 7.994 casos.
Homicidios
De acuerdo con el informe, en el año 2008 se presentó una disminución considerable en la tasa de homicidios comunes y en homicidios relacionados con el conflicto político y armado en el Oriente Antioqueño, de acuerdo con Fernando Valencia, miembro de la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del oriente Antioqueño, esta última categoría se establece a partir de información que reposa en las investigaciones, soportada con documentación legal, y no bajo supuestos.
En el 2007 se registraron 157 homicidios, y en el 2008 se documentaron 138. De éstos últimos, 33 corresponden al contexto del conflicto armado. Sin embargo, en el informe se lee que “según la percepción de las comunidades existe un factor que agudiza o complementa la situación de homicidios y es el auge en las disputas por el mercado de las drogas (…) en el que grupos delictivos luchan por ampliar sus áreas de acción”.
Por otra parte, en cuanto a los homicidios comunes el informe también dice que es importante destacar que en la información suministrada por las fuentes oficiales “sólo se compilan los hechos donde hay personas identificadas; los NN no caben en dichas cifras, lo que podría incrementar las cifras iniciales, puesto que no todos esos cuerpos sin identificar corresponden a personas dadas de baja en combate”.
Teniendo en cuenta los 33 homicidios relacionados con el conflicto armado, Fernando Valencia manifestó que “esta cifra de alguna manera nos está diciendo que el conflicto sigue estando ahí, que sigue cobrando vidas y que no es un asunto despreciable a pesar de los logros que se han tenido en materia de seguridad”.
Ejecuciones extrajudiciales
De acuerdo con la tabla que registra los homicidios del conflicto armado, se concluye que en el 2008 se presentaron 11 denuncias por ejecuciones extrajudiciales y en 10 de éstas la Procuraduría Provincial del Oriente aportó la información. Igualmente, en 10 de estos casos figura como presunto autor el Ejército Nacional y en la otra, un inspector de la Policía.
En el informe anual del 2007, se registraron 14 denuncias de este tipo. Sin embargo, en las investigaciones realizadas en el 2008 se encontraron 12 nuevas denuncias del año anterior, por lo que la cifra de ejecuciones extrajudiciales realizadas en el 2007 pasó a ser 26. “Esto nos dice que es absolutamente previsible que para el 2009 se registren nuevos casos con información de este año con la que no contamos”, señaló Valencia.
Las víctimas por minas antipersonal en el 2008 corresponden a 10 militares y a 3 civiles, para un total de 13, una disminución considerable comparada a las 41 que se registraron en el 2007. De acuerdo con el informe, han contribuido los procesos de desminado que realiza la fuerza pública. Sin embargo, la Mesa de Derechos Humanos hace el llamado de que sería muy bueno que se hicieran mapas de riesgos de ubicación de minados y que se instruyera a la población con demarcación de territorios peligrosos para evitar este tipo de accidentes.
“Acá hay otro asunto que debemos reflejar, y es que esos niveles de deserción, capturas y otros positivos de la fuerza pública, va dejando aportes en todo sentido. Esto le permite a la Fuerza Pública tener más ubicación de minados y aminorar el riesgo, pero nos hemos encontrado con que a estos desertores o capturados no se les lleva a cumplir el compromiso de colaborar efectivamente con información de este tipo, que pudiera aliviar la situación de la población. La desmovilización de Karina, conocedora de toda la dinámica del frente 47 de las Farc, nombrada gestora de paz, ya tendría que haberse traducido en unos hechos de alivio absoluto para la población del Oriente Antioqueño, en materia de ubicación de minados y fosas y devolución de secuestrados”, manifestó Fernando Valencia y también agregó que “algunos militares poseen información de ubicación de minas, pero lo consideran patrimonio militar y no entendemos por qué ocultan esta información en vez de demarcar los territorios para disminuir el riesgo de la población”.
Finalmente, el informe también habla de delitos como abuso de autoridad, violencia sexual, entre otros, y da cifras importantes como que entre enero de 1985 y junio de 2008 se registran 2.539 cadáveres sin identificar (NN) inhumados en cementerios del Oriente Antioqueño. Además, también alerta que los pobladores aún reciben amenazas de grupos armados, de las documentadas la mayoría son en los casco urbano y, generalmente, por grupos paramilitares. Si embargo, Fernando Valencia, aclara que “la mayor fuerza y el mayor control territorial lo tienen las Farc, y ha sido muy difícil documentar el sector rural”.
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